Transcripción de la entrevista al Secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, después de presentar el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal a diputados de la ALDF, en el edificio de la ALDF de Plaza de la Constitución No. 7, Centro Histórico

P: Ahora se habla que con el Programa de Derechos Humanos se va a buscar atender diversas problemáticas, entre ellas está lo de los reclusorios, ¿qué se tiene contemplado para estos lugares?
R: Bueno, los centros donde se tiene a las personas privadas de su libertad por disposición de Ley siempre han sido un espacio en donde se generan infinidad de problemas entre los propios internos. Lo que hemos venido haciendo, primero es fomentar la capacitación y el estudio de los cuerpos de custodia en materia de derechos humanos para poner, en primer lugar, la condición de respeto pleno por parte de la autoridad.

Sin embargo, la convivencia en esas condiciones genera reacciones humanas de muchísima tensión y ahí es donde se producen los hechos de violencia entre internos. Al respecto, lo que hacemos es por supuesto imponer las medidas que el reglamento precisa para quienes produzcan este tipo de acontecimiento y tratar de evitar mediante medidas de seguridad y de vigilancia que proliferen.

Con toda claridad lo digo, en los penales del Distrito Federal se produce un número de incidentes al año que en proporción a la población que tenemos es significativamente abajo del promedio que se presenta en los penales de la República. Lo cual no significa por supuesto que esto sea complacencia de nadie, pero tampoco nos lleva a una situación de alarma.

P: ¿Cuántos incidentes se presentan?
R: Mira, hay incidentes violentos, incidentes en donde está de por medio la seguridad de las personas. En el año pasado, en el 2008 se presentaron 235, esto es un nivel realmente bajo.

P: Señor, se habló ayer de una riña en Reclusorio Sur, se menciona que hubo dos heridos, ¿nos podría hablar un poco sobre esto?
R: Yo le pediría que acudiera a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario para que les dé mayores datos particularmente sobre ese caso.

P: Se habla de una Ley de Derechos Humanos con respecto a este programa y de hacer vinculadoras ya algunas recomendaciones ¿exactamente en qué consistiría? ¿Sanciones a los funcionarios que violen derechos?
R: En primer lugar el planteamiento inicial que hemos venido comentando entre el Gobierno de la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea, es el nivel que puede tener el Programa de Derechos Humanos para que sea obligatorio en todas las esferas del poder público.

Ahora bien, dado que la Asamblea Legislativa no tiene en su régimen de facultades expresas ninguna que le permita emitir leyes en materia de derechos humanos, por eso es que el Jefe de Gobierno determinó, en uso de sus facultades, emitir un instrumento que lo haga obligatorio a la administración pública del Distrito Federal. Es el nivel que hoy tiene. Esto permite asegurar que todos los servidores públicos de la administración pública, es decir, lo que corresponde al Gobierno del Distrito Federal, estén plenamente obligados al cumplimiento de todas las acciones.

Ahora bien, falta un instrumento que permita hacer extensiva esta obligatoriedad a los otros órganos de gobierno, a la Asamblea Legislativa, al Tribunal Superior de Justicia y a los organismos autónomos de la ciudad. Por ello aquí se planteó la conveniencia de que la Asamblea Legislativa valore la posibilidad de emitir una Ley del programa de Derechos Humanos, es una ley más bien de planeación.

Lo que se propone es que con las facultades que sí tiene la Asamblea para emitir leyes que definan los aspectos de programación y de planeación de la ciudad, en base a ella se pudiera emitir una ley de programa de derechos humanos.

P: ¿Pero esto significa que va a ser obligatorio, sanciones a los funcionarios que no cumplen?
R: En efecto, el contenido de cualquier instrumento que plantee la obligatoriedad significa, primero, que es exigible desde el punto de vista de Ley a todos los servidores públicos el cumplimiento. Segundo, que por supuesto quienes no cumplan con su obligación serán responsables en términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos o de la Ley específica. Es un instrumento que se está explorando y yo creo que partir de la mención que se hizo hoy aquí en el Asamblea, los diputados tendrán materia para su análisis.

P: Su opinión acerca de las reformas que contemplan los diputados sobre de los incrementos de impuestos.
R: ¿Lo que se está valorando en la Cámara de Diputados? Bueno, por supuesto que toda medida que acuda al incremento de los impuestos para fortalecer las finanzas públicas no es justamente la medida idónea en una condición en donde lo que hay que hacer es estimular la producción, estimular la generación de riqueza y en todo el mundo a raíz de la crisis global que se generó a partir de la crisis financiera de los Estados Unidos se han tomado medidas muy distantes al incremento de los impuestos, muy diferentes, que tienen más bien a estimular la producción, estimular la inversión y con ello generar nuevos círculos virtuosos de economía.

Nos parece entonces que el simple recurso de acudir al incremento de impuestos no es lo más conveniente por este momento.

P: ¿Puede confirmarnos lo que dijo ayer el dirigente del SME, que el Gobierno del Distrito Federal les va a dar transporte y alimentación; van a financiar de alguna forma esta resistencia?
R: No, no es así. Lo que nosotros hemos hecho es que hemos puesto a disposición de los ex trabajadores de la Compañía de Luz y por lo tanto integrantes del SME, de los comedores populares que el Gobierno de la ciudad ha dispuesto en toda la ciudad para beneficio de todo aquel que lo necesite y lo que hemos hecho es poner a sus disposición este servicio, dado que hay muchos trabajadores que al no estar percibiendo ingresos requieren un apoyo económico como es el planteamiento original del programa de Comedores Populares. Para eso están.

P: ¿En materia de transporte dicen que no les van a cobrar a ellos?
R: No, no hay ninguna disposición en este momento que implique ese beneficio.

P: ¿No es una forma de presión en estas negociaciones entrampadas y estancadas con Gobernación?
R: No creo que haya cabida a la presión por ninguna de las partes. Hay disposición del Gobierno federal y han anunciado también los trabajadores electricistas que están dispuestos a regresar bajo ciertos elementos de modificación del formato y nosotros estamos convencidos de que esto va a continuar. Es la única manera responsable de avanzar en una situación que, de suyo, constituye un problema serio para la ciudad.

P: Señor, ¿con este programa se le da carácter de obligatorio a cualquier recomendación que emita la Comisión de Derechos Humanos?
R: Las recomendaciones que emite la Comisión tienen ya su carácter en función de lo que dispone la Ley de la Comisión de Derechos Humanos. Esta dispone que las recomendaciones puedan ser aceptadas o no por el Gobierno de la Ciudad y este carácter no se modifica por el hecho de que el programa sea obligatorio.

Lo que impone la obligatoriedad del programa es que todos los servidores públicos debemos observar lo que como estrategias, líneas de acción y programas están establecidos ahí.

P: ¿Cuánto dinero se requiere para el Programa de los Derechos Humanos?
R: No está cuantificada todavía la totalidad, pero lo que nosotros hemos propuesto es que en función de la determinación de cuáles son las acciones cuyo cumplimiento exige el corto plazo, otras en el mediano plazo y otras en el largo plazo, sea éste un elemento que posibilite o facilite la programación de recursos. Entonces, tocará a los diputados ahora, identificar los montos necesarios.

P: Secretario, ¿qué opina de esta controversia constitucional que anunció la diputada Barrales?
R: Es una decisión que ejerce de manera soberana este órgano legislativo. Supongo, creo que deben tener ya analizados todos los alcances desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político y desde el punto de vista financiero pero por supuesto que con independencia de eso, tendrá su curso legal. Nosotros insistimos en que el incremento de impuestos no es la vía idónea para resolver una crisis económica como en la que estamos. Hay que estimular la producción, hay que favorecer la inversión y hay que abatir los privilegios que las propias leyes fiscales han establecido a lo largo de muchos años en favor de ciertos sectores de la producción. Hay que abatir esos privilegios y hacer más democrática la participación.

P: ¿Se uniría el gobierno a esta controversia?
R: No es necesario que eso suceda, es de órgano legislativo y por lo tanto es una cuestión que será respetada por nosotros. Gracias.



*****